Cuando el cabo Mora denunció los crímenes de civiles cometidos por militares en Colombia en 2007, así como la complicidad de algunos altos mandos con paramilitares, no sabía a dónde lo llevarían sus declaraciones. Su testimonio coincidió con la desaparición de varios jóvenes de Soacha, al suroccidente de Bogotá, hallados muertos unos meses después lejos de casa, en fosas comunes, lo que provocó uno de los escándalos más grandes en la historia contemporánea del país. Algunos militares fueron condenados a décadas de prisión, pero fueron liberados en 2019 cuando acudieron a la Justicia Especial para la Paz (jep), que se estableció después de los Acuerdos de Paz con la guerrilla de las farc en 2016. En su defensa, evocan la presión desde arriba, minimizando los beneficios que recibieron. Para las familias, la justicia no ha llegado porque los procedimientos se prolongan en el tiempo y muchos todavía están en etapa de investigación, luego de doce años de sucedidos los hechos. Asesinatos cometidos a sangre fría, siguiendo un patrón que se perfeccionó con el tiempo.
