Al comenzar el año 1873, el juicio de incapacidad por enajenación mental contra Felipe Raigosa atrapó el interés público cuando la prensa denunció el uso siniestro de la justicia contra un destacado abogado y político mexicano. Para la medicina de la época, planteó el desafío de si una persona que razonada podía estar loca y si era motivo suficiente para perder el ejercicio de sus derechos civiles.